Cabos Sueltos

INEGI: Austeridad republicana, burocracia y derechos laborales, hacia la cuarta transformación.

Son muchos los temas en la agenda de la transición del nuevo gobierno y de una u otra manera, todos sin excepción nos atañen y afectan, pero me jala naturalmente el de la llevada y traída “Austeridad Republicana”, particularmente el tema de la reducción de sueldos y privilegios de la alta burocracia, la eliminación de algunas prestaciones de los mandos medios y jefes y los posibles recortes de personal.

Trabajé como empleado (burócrata) 30 años, en una sola institución: el INEGI. Participé en los tres censos desde las oficinas centrales, la mayor parte del tiempo como Jefe de Departamento y eso, algún aprendizaje me dejó y habilitó para opinar, ahora con más libertad desde mi condición de burócrata pensionado.

En general el INEGI es respetado y bien visto por su trabajo calificado y profesional, tres generaciones de trabajadores altamente calificados por la experiencia, lo respaldan.

El INEGI es proveedor de información estadística y geográfica del país para todos los mexicanos, especialmente para el Estado (los tres poderes y los tres órdenes de gobierno); jamás ha tenido un conflicto importante con la Secretaria de Hacienda o la Cámara de Diputados con motivo del presupuesto para hacer su trabajo y llevar a cabo los proyectos institucionales, ni antes ni después de la autonomía; seguramente porque son de uso cotidiano y reconocida importancia para la toma de decisiones.

Sin embargo, poco se sabe y peor aún, pocos se interesan por entender y conocer a qué precio se paga este servicio a la nación.

Me permito expresar esta opinión, sustentada en una larga historia se agravios, denuncias, luchas individuales y colectivas de empleados activos y jubilados que se remontan a los pocos años posteriores al nacimiento del INEGI y que persisten, sordas, hasta la actualidad.

Puedo decir que en 35 años de existencia del INEGI, coincidentes con el periodo de gobiernos neoliberales, la acumulación de privilegios en la alta burocracia, la proliferación de puestos directivos y estructuras innecesarias, así como la opacidad en el uso de recursos materiales y financieros aparejado al crecimiento permanente de las áreas administrativas, contrario a la lógica de una administración eficiente, han sido el pan de cada día, con el que se ha mal alimentado a un elefante blanco con un grave problema de macrocefalia.

Además, hay otro problema igual o más grave que acompaña al INEGI desde su nacimiento y es estructural, se trata de una aberración laboral que artificialmente etiqueta como “empleado de confianza” al 90% del personal cuya materia de trabajo permanente es la producción de información estadística y geográfica; condición que acarrea cualquier cantidad de consecuencias nefastas y condena a esos miles de trabajadores que laboran en Aguascalientes y en las 32 entidades federativas, a la condición de una fuerza de trabajo sin derechos laborales fundamentales y sujeta a las decisiones unilaterales de la alta dirección institucional ya que no tiene capacidad de defensa, por no contar con una representación propia y porque no se le reconoce ni respeta su capacidad para sindicalizarse.

En esas condiciones, de nada les sirvió a los pocos trabajadores sindicalizados y a los muchos “de confianza” del INEGI el tránsito de órgano desconcentrado a organismo autónomo, ni tampoco las llevadas y traídas reestructuraciones a lo largo de su vida institucional ya que en lugar de corregir la macrocefalia y arreglar el exceso de estructuras innecesarias, las convirtieron en botín de las pandillas más avezadas en la pelea callejera que en la eficiencia y la eficacia institucional.

Lo mismo se puede decir del relevo de los mandos que se viven cotidianamente en el INEGI: lo que podría ser un tránsito civilizado para cubrir las plazas a través de mecanismos institucionales como el Servicio Civil de Carrera, con transparencia y correctamente aplicado; se convierten muy seguido en disputas de pandillas, donde los más avezados en el pleito callejero se quedan con el botín, ignorando o haciendo a un lado al personal calificado para ocupar esos puestos, por no pertenecer a ninguna de las pandillas que se disputan el control del INEGI.

La pregunta es ¿puede el nuevo gobierno llevar a buen puerto lo que se perfila como una “Ley de Austeridad Republicana” al ámbito de un organismo autónomo como el INEGI seriamente afectado por los excesos, y corregir al mismo tiempo, por simple justicia laboral, la condición de miles de trabajadores mal etiquetados como “de confianza” y así evitar una injusticia más a sus costillas?

Creo que el caso INEGI pone a prueba la forma y el fondo de la idea detrás de la Austeridad Republicana que es lograr “la liberación de recursos para el desarrollo y bienestar” de los más marginados. Hagamos lo necesario para que no sea a costa de perpetuar otra injusticia.

Antonio Alvarado Cedillo

Antonio Alvarado Cedillo ISSSTE Pensionado por 30 años de servicio en INEGI Activista político y social, ahora de tiempo completo, después de 10 años trabajados como obrero y 30 de burócrata. Nacido en la Ciudad de México, con el gusto de viajar por los rincones de México.

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