OPINIÓN

¿Se acabó el juego del Tío Lolo con los concesionarios del transporte urbano?

Después de años de jugarle al tío Lolo diferentes administraciones estatales con el tema del servicio de transporte urbano en la ciudad capital, hace varios días se pusieron en circulación 55 unidades nuevas, en las rutas 20, 40 y 41, al margen de los concesionarios de ATUSA, que creyeron, una vez más que al gobierno nomas en amenazas se le iba, sin que a la postre hiciera nada.

Ante esa acción de la administración de Martín Orozco Sandoval, algunos concesionarios, utilizando como carne de cañón a sus choferes empleados, junto con sus familias, se decidieron a realizar una protesta el,pasado lunes, bloqueando la calle Madero, desde Cosio hasta la Plaza Principal, a partir de las 6  de la mañana.

El gobierno amparado en una Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, decreto número  228, del 30 de abril de 2018, el Estado de Aguascalientes busca dar respuesta a una crisis generada por los mismos transportistas urbanos  en la entidad.

Ciertamente el transporte urbano ha dejado mucho que desear en la calidad  de sus servicios y costos hacia los ciudadanos, aunado a ello la inseguridad en varias zonas marginadas de la ciudad que hace insalvable la situación en el Estado, la autoridad trata de aplicar su ley que no convence a tirios y troyanos por torpezas propias que contradicen su marco regulador propio, como el participar en una ceremonia pública para la fotografía entregando y poniendo en circulación treinta nuevos camiones que en ese momento no contaban con los documentos correspondientes para su funcionamiento, pero en el acto de la foto quedaban bautizados y listos para trabajar sin reparar en las mínimas formalidades  de ley, a la cual se obliga el mismo estado a respetar.

Manuel Gonzales en estas páginas hacía ya referencia de problemas más que por su forma e inicio de la ley mencionada, surgían por la falta de atención de la autoridad (ver nota: Omisión, Discrecionalidad Y Opacidad: Elementos Transversales Del PRIAN En La Ley De Movilidad Y El Transporte De Aguascalientes). Dicha ley de antemano no distingue entre el transporte de personas (por trabajo, escuela, recreación, en otras palabras el tipo de demanda), así como no distingue el transporte de mercancías, y menos generar opciones novedosas para administrar o mitigar los efectos del sistema actual de transporte urbano.  

Por otra parte el Gobierno del Estado de Aguascalientes, ha sido un pionero en la materia al castigar las nuevas alternativas de transporte público como UBER, DiDi, Driver Google, etc, generando impuestos nuevos que encarecen el servicio, disminuyen la calidad de los mismos para tratar de fortalecer el sistema de concesiones que beneficia intereses políticos y no comerciales en detrimento de la libre oferta y la demanda, interfiriendo en el mercado reduciendo la libertad del consumidor (no que los del PAN, al ser un partido político nutrido originalmente de “empresarios” los convertía por cercanía y empatía ideológica en una organización promotora del liberalismo económico y el flujo de capital: ¿porque mantener el sistema de concesiones de transporte?,  ¿para qué crear impuestos nuevos?

No solo se afecta al consumidor, si no que la Ley y el actuar del gobierno al conservar el actual sistema de concesiones, no ha velado por el interés de quienes son trabajadores del volante, mismos que se han convertido en unos subcontratistas de particulares, empresas y asociaciones no fiscalizadas que en su mayoría por tener relaciones partidistas se han convertido en rehenes políticos al servicio de los intereses electorales, al  no estar sometidos a las leyes del mercado, basadas en la oferta y la demanda, servicio, calidad y precio en detrimento de los habitantes consumidores de estos servicios. En cambio a las nuevas formas, con tecnología diferente, se le castiga con cargas arancelarias en detrimento de los costos y la calidad del servicio, como si se tratara de crear condiciones de encarecimiento para que los nuevos no puedan competir en el mercado, al tiempo de atentar en contra de las cuotas de poder que las organizaciones de concesionarios han establecido como condiciones para su conservación, reproducción y equilibrio de poder ante el Gobierno.

Sumemos la inexistente capacidad de autocrítica de los concesionarios del autotransporte, la escasa inversión que se observa en el mantenimiento o renovación de su parque vehicular, pero conservan para ellos y defienden que no exista un marco regulatorio para la práctica de venta de espacios publicitarios que se exhiben en sus unidades. Lo anterior fortalece al partido reinante, pues al no existir una regulación al respecto es él que puede con mayor facilidad por su capacidad de insumos públicos ejercer en mayor medida en gastos de campaña que por sus montos pueda condicionar y acaparar los espacios en el transporte en venta para publicidad e imagen.

El problema no es nuevo.

Hoy son los camiones utilizados para el transporte de personas los que se ven en el ojo del huracán. Los defectos de ellos son por todos conocidos, los concesionarios unidos en su asociación intentan mantener y aumentar los privilegios que han tenido desde el sexenio de Miguel Ángel Barberena Vega, cuando en ese  sexenio se formó ATUSA;  pero sí es responsabilidad de este gobierno encontrar una solución apegada a derecho que beneficie al ciudadano y proteja al que en este momento nadie ha visto: al trabajador del volante que lo han usado como peón para sacrificio en el tablero de las negociaciones entre concesionarios y autoridades. Al tiempo que al usuario no le dan satisfactoria respuesta.

Pueden ser buenas las intenciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes, pero en su actuar ha faltado determinación y apego al respeto del estado de derecho. No se puede castigar a unos y exonerar a otros sin un juicio por el temor a las consecuencias de una agrupación que en lugar de crear condiciones para mejorar el servicio, pareciera que se han enfocado en conseguir ahorros en el abaratamiento y disminución en la atención en el servicio al que dicen proteger.  

Por lo pronto, la batalla de ayer la ganó el gobierno estatal con todo y el uso de los granaderos para desbloquear la avenida Madero, en que se detuvo a una docena de los manifestantes y que después de retirar siete autobuses destartalados con grúas, para llevarlos al corralón, los propios choferes decidieron retirar los demás “trastos viejos” al darse cuenta que por este lunes el gobierno del Estado traía bien fajados los pantalones o como el propio gobernador dijo:   “Me va a valer lo que haya sucedido hoy” en clara referencia al uso de la fuerza para finiquitar la manifestación. (También ver: ATTUSA se queja de que fueron agredidos por usar su derecho a manifestarse y Violento fin de la protesta de camioneros)

Parece que en los siguientes días después de “animarse a chingarlos”, se les va a volver a ofrecer la oportunidad a los de ATUSA a que renueven sus unidades, accediendo a un crédito a fondo perdido. Con lo cual quedan en el aire la respuesta a la pregunta de ¿quien o quienes son los concesionarios de las 55 unidades nuevas que se pusieron a circular? ¿Y qué garantías tenemos los ciudadanos y usuarios del transporte público  que no regresaremos al juego del Tío Lolo y todo fue una escaramuza, para tender una cortina de humo con las nuevas concesiones? ¿O fue la forma ingeniosa en que Martín Orozco Sandoval se mete en la contienda electoral, para con un acto de autoridad ayudar a Tere Jiménez a retener la Alcaldía de la Capital? 

Gustavo Arturo de Alba

Periodista de profesión y Crítico Cinematográfico. Con experiencia laboral en radio, prensa, cine y televisión. Director de revista Crisol en versión impresa y Crisol Plural en internet.

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